Genocidio Indígena

El 2009 fue un año funesto para los indígenas en Colombia. Se agudizó la persecución que estos grupos étnicos han sufrido desde mucho tiempo atrás por lado y lado de los actores del conflicto (recordemos el asesinato de los miembros de la comunidad Awá), algunos siguen siendo los mismos de siempre, otros han mutado en organizaciones aun mas peligrosas, las cuales el gobierno solo se limita a denominar “bandas criminales”. Ahora en el año en curso, aparecen nuevos hechos indignantes, no solo por ser un atentado contra esta población, sino por involucrar a la Fuerza Pública y posibles intereses oscuros de multinacionales.

Me refiero al bombardeo que recientemente sufrió una comunidad Emberá Katío, por parte de un operativo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Tomando las palabras de un vocero de la comunidad citadas en la revista Semana, se “violó el fuero indígena”, y por ende, los derechos particulares y generales. El presidente Uribe salió entonces en defensa de la institución argumentando en otras declaraciones que la Fuerza Pública es “cuidadosa” con la población civil.

El problema de fondo no es tanto si las instituciones son cuidadosas o no, puesto que se sobreentiende que los organismos que mantienen el orden deben proteger con la suficiente cautela los derechos humanos de la población civil. Lo realmente crítico en esto es la suma de todas las injurias que se han convertido en el genocidio que está desangrando estas etnias.

El pueblo indígena no ha tenido un solo día de descanso a partir de la conquista de América. Solo se han “modernizado” los ataques de los que son víctimas. Es un pueblo que siempre, aún a pesar de esfuerzos fatuos, ha sido discriminado, ocultado, ridiculizado, etiquetado y ultrajado. Muchos suelen tacharlos de ser simplemente un remanente de la etapa primitiva del hombre. Han perdido muchas tradiciones, la lenguas autóctonas se extinguen, la cultura se degrada y se acomoda a la fuerza al pensamiento contemporáneo. Frecuentemente observamos como han tenido que dejarlo todo y dedicarse en las ciudades a lo que pueden, sea en artesanías o en muchos casos a mendigar. Los que se quedan en sus resguardos tienen que escoger a la fuerza de fusil un bando en el conflicto y terminan siendo blancos de la corrosión que genera la violencia y la droga. Es un pueblo que se desintegra de a poco.

Las leyes, los programas y las políticas “de papel y en el papel” no son suficientes para garantizar la protección de los pueblos indígenas. En un reciente informe del profesor S. James Anaya, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, se ha hecho patente la preocupación de tal organismo internacional sobre la vulnerabilidad de esta población. El informe se ciñe al discurso propio, es bastante diplomático y con cierto nivel de reserva frente a la realidad que se vive en estas comunidades. El gobierno ha cumplido en procurar un marco legal y escenarios para una mejora de la situación, pero se ha quedado corto en la ejecución de las medidas necesarias. Los indígenas no soportan mas y tienen que buscar soluciones utilizando la participación democrática de sus líderes y voceros, marchando en protesta pacífica, o irónicamente solicitando la ayuda a la corona española. Muchas voces y pocos oidos prestos a escuchar.

Es evidente que la política de “seguridad democrática” no ha sido suficientemente eficaz para enfrentar esta problemática. Y si se suman ataques “sin querer queriendo”, es insostenible. Mientras se presenta esto, aparecen otras figuras oscuras en el escenario como son las multinacionales y sus intereses propios en los territorios indígenas. La gente (traducción del vocablo Emberá) y los demás pueblos afectados, han resistido con el valor suficiente de esta raza los múltiples embates corporativos, a quienes les prima el interés económico sobre la integridad de un pueblo que tiene derecho legítimo a vivir en paz en los resguardos. Los han querido sacar a la fuerza, intentado comprar con dinero, pero ellos se mantienen firmes hasta donde pueden y recurren a su derecho constitucional. Realizando un contraste de hechos, se yergue un halo siniestro sobre el futuro de las comunidades más amenazadas.

No es nada alentador entonces el panorama para los pueblos indígenas y autóctonos de Colombia. El gobierno no puede seguir siendo indiferente e indolente. Pronto tendrá que mostrar la cara frente a los organismos internacionales, si se llega a agudizar la situación o se presentan más casos de extrema gravedad (¿pero, acaso tiene que pasar algo mas grave?). Cabe la duda que se haga algo, puesto que no es muy claro el nivel y el tipo de interés de los responsables, ni tampoco el compromiso real que tienen con este pueblo. Los indígenas tendrán que seguir marchando, seguir padeciendo y seguir enviando mensajes a la comunidad internacional, en espera de que alguien se apiade de su suerte. Y un pueblo que no protege y defiende sus orígenes, está condenado a sucumbir ante una ausencia de identidad.

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Con desconcierto y total desaprobación recibo la noticia del triste “cambio” de la Revista Cambio al pasar de ser una publicación semanal con admirable capacidad de análisis y despliegue periodístico (hasta cierto punto) independiente de los hechos más críticos de la actualidad, a ser un pasquín cultural mensual. Es innegable que existen conflictos de intereses entre la Casa Editorial El Tiempo y la revista. ¿Hasta dónde se puede hablar de cierto tipo de censura en un caso como este? ¿Es posible creer que solo es un asunto de generación de beneficios económicos?